En medio de la creciente polémica por la minería informal en el país, una investigación reciente ha revelado que varios líderes de mineros informales en la provincia de Pataz tienen afiliaciones directas con partidos políticos y una creciente influencia en el Congreso de la República, particularmente en el debate sobre la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).
Uno de los casos más notorios es el de José Torrealva Yparraguirre, presidente de la Asociación de Mineros Artesanales de Pataz (Ama-Pataz) y exalcalde del distrito. Torrealva es militante de Podemos Perú y actualmente integra la Comisión de Energía y Minas del Congreso, órgano clave en la elaboración de leyes que afectan directamente al sector minero.
Asimismo, Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Mineros (Confemin), milita en Renovación Popular y ha sido visto participando en actividades junto a congresistas de su bancada. A su lado, el asesor legal de la misma organización, Adolfo Valverde, está vinculado a Perú Libre, partido desde el cual también ha presionado por la inclusión de términos favorables a los mineros informales en la nueva legislación, como el concepto de «minería ancestral».
Estos líderes y sus organizaciones han tenido un papel protagónico en la elaboración del proyecto de Ley MAPE, una norma ampliamente criticada por presuntamente favorecer a la minería ilegal bajo el pretexto de la formalización.
Además, partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos Perú, Avanza País y la Bancada Socialista respaldaron en 2024 la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un régimen transitorio cuestionado por fomentar la expansión de actividades ilegales.
La influencia de estos dirigentes en el Congreso ha encendido las alarmas en diversos sectores del país, que exigen una verdadera reforma del sistema minero informal, en lugar de normas que podrían perpetuar la ilegalidad bajo la fachada de la formalización.