Las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte han generado una ola de críticas en diversos sectores del país. Durante un discurso público, la mandataria exclamó enérgicamente: “¡Aquí nadie se rinde, cara…!”, una expresión que ha sido considerada por muchos como una falta de respeto hacia la ciudadanía y que ha reavivado el debate sobre el rol y comportamiento que debe mantener quien personifica a la Nación, conforme al artículo 110 de la Constitución Política del Perú.
En ese mismo discurso, Boluarte reiteró que la seguridad ciudadana es una tarea de todos los peruanos, restando responsabilidad directa al Estado. Sin embargo, esta afirmación ha sido cuestionada por especialistas y críticos políticos, quienes recuerdan que, según el artículo 167 de la Carta Magna, la presidenta es la Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, instituciones encargadas de garantizar el orden interno, según lo establece el artículo 166.
El texto constitucional establece que la Policía Nacional tiene como función principal “prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado; prevenir, investigar y combatir la delincuencia; y vigilar y controlar las fronteras”.
Las críticas también se han dirigido a su relación con los medios de comunicación. La mandataria ha evitado a la prensa durante más de 200 días, y en su discurso volvió a cuestionar la cobertura mediática, afirmando que no se reconocen sus logros. Esto ha sido visto como un intento de eludir la rendición de cuentas y una desconexión con el rol democrático de los medios en una sociedad plural.
En medio de una creciente ola de criminalidad, especialmente en el norte del país, la falta de liderazgo visible desde el Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana ha intensificado el descontento social. A ello se suman dudas sobre la legitimidad y el alcance de ciertos reconocimientos internacionales, como la invitación de la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, que, según un exembajador peruano en Washington, habría sido una “cortesía protocolar” sin mayor trascendencia política.