El Poder Judicial del Per煤 ha admitido a tr谩mite los recursos de apelaci贸n presentados por el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, tras su condena a 15 a帽os de prisi贸n efectiva por el delito de lavado de activos. La sentencia, emitida el 15 de abril de 2025 por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, se refiere a los aportes il铆citos recibidos durante las campa帽as presidenciales de 2006 y 2011, provenientes de la constructora brasile帽a Odebrecht y del gobierno venezolano de Hugo Ch谩vez.
Durante la lectura 铆ntegra de la sentencia, realizada el 29 de abril, las defensas de Humala y Heredia presentaron sus recursos de apelaci贸n. La jueza Nayko Coronado, encargada del caso, indic贸 que iniciar谩 la evaluaci贸n de estos recursos una vez que se le notifique por escrito en el tiempo correspondiente.
La condena tambi茅n incluy贸 a Il谩n Heredia, hermano de Nadine Heredia, quien fue sentenciado a 12 a帽os de prisi贸n por lavado de activos. En su caso, se emiti贸 una orden de captura internacional, ya que se encuentra en Brasil.
En cuanto a la reparaci贸n civil, se dispuso que los condenados paguen un total de 10 millones de soles. Adem谩s, el Partido Nacionalista Peruano, vinculado al caso, fue multado con 100 Unidades Impositivas Tributarias (equivalentes a 535.000 soles) y se orden贸 la disoluci贸n de la empresa Todo Graph S.A.C., utilizada para canalizar los fondos il铆citos.
La defensa de Humala ha calificado la condena de 芦arbitraria禄, argumentando que las pruebas presentadas no sustentan la acusaci贸n de lavado de activos. En particular, cuestionan la falta de evidencia sobre los aportes de Venezuela en 2006 y se帽alan que el exdirector de Odebrecht en Per煤, Jorge Barata, fue el 煤nico que imput贸 a Heredia en relaci贸n con los fondos de 2011.
Este proceso judicial marca un hito en la lucha contra la corrupci贸n en el Per煤, ya que Humala se convierte en el tercer expresidente peruano condenado por delitos relacionados con el caso Odebrecht, tras Alejandro Toledo y Pedro Castillo. La apelaci贸n de la sentencia podr铆a prolongar el caso hasta la Corte Suprema y, eventualmente, al Tribunal Constitucional, lo que podr铆a extender el proceso por varios a帽os.